ECONOMÍA
POLÍTICA AMBIENTAL GLOBAL E INTERNACIONAL
José
Gpe. Vargas Hernández, M.B.A.; Ph.D.
Instituto
Tecnológico de Cd. Guzmán
Avenida
Tecnológico 100
Cd. Guzmán,
Jalisco, 49000, México
Telefax:
+52 341 41 33116
e-mail: jgvh0811@yahoo.com,jvargas2006@gmail.com
Resumen
Este trabajo tiene por objetivo analizar el concepto
actual de la economía política ambiental a partir de la comprensión como fenómenos
evolutivos de la racionalidad instrumental a la racionalidad política de los
problemas ambientales. Se revisan brevemente las perspectivas de la política
económica ambiental desde los votantes o electores, grupos de interés y
desde la valoración normativa de la democracia para posteriormente
ecntrarse en la racionalidad de la política ambiental. Finalmente se analiza la
economía política ambiental global e internacional.
Palabras
clave: Política,
economía, ambiente, global, internacional.
1.
Introducción
Las consideraciones ambientales y políticas afectan
las leyes humanas y el desarrollo económico. Desde
el punto de vista del desarrollo sustentable, hay preocupación por la expansión
económica de la economía mundial que causa daños irreparables a nuestro
planeta.
La
inextricable combinación de las fuerzas políticas, económicas y ambientales
se expresan en la economía política ambiental.
1.
Concepto de economía política ambiental
La
economía política ambiental es el enfoque en análisis económico de los
procesos a través de decisiones políticas relacionadas con la protección
ambiental. La política económica ambiental es un área mayor de las políticas
de desarrollo en la teoría económica cuyos efectos a corto y a largo plazo
tienen un profundo impacto en el desarrollo humano. La política económica
ambiental desarrolla métodos e instrumentos para el tratamiento de los
problemas ambientales globales.
Desde
un punto de vista normativo, la economía política ambiental se relaciona con
la creación y la atribución del valor. La economía política ambiental trata
de internalizar las externalidades e incluir externalidades en los análisis de
políticas públicas, lo cual permite enfocar los costos ambientales y sociales
actuales de una política económica expansiva. En la economía política
ambiental, los levantamientos sociales son consecuencia de que los problemas
ambientales y sociales son razonablemente tratados (Hawken, Amory and L. Hunter
(1999: 322).
La
economía sustentable requiere el desarrollo de economías locales diversas que
incluye los aspectos ambientales en forma democrática, transparente y con la
plena participación de las comunidades involucradas. La economía sustentable
implica la participación de una diversidad de actores y agentes económicos
locales coordinados bajo estrategias de diversidad económica que requieren
mecanismos de decisión democráticos y participativos. Esta diversidad económica
comparte metas económicas, sociales y ambientales.
Las
políticas ambientales que definen las relaciones del hombre con el medio
ambiente, incluyen las reglas que afectan el uso de los recursos naturales.
2.
La nueva política ambiental de los viejos problemas ambientales
Las
principales tradiciones del pensamiento se han ocupado de la economía política
del medio ambiente, y más recientemente, las corrientes del pensamiento crítico
y marginal en ecología política y economía ecológica. Diferentes prácticas
de economía política buscan describir, valorar, apropiarse y
transformar el medio ambiente. Las políticas ambientalistas son una forma
relativamente reciente de tratar de solucionar a los viejos problemas
ambientales que ya se dan cuenta desde las más antiguas sociedades.
En
las sociedades antiguas, los fenómenos naturales tuvieron una importancia
central en su desarrollo. Ya el Código de Hammurabi en 1700 antes de Cristo,
regulaba el cuidado y uso del agua de las presas para el riego. Aristóteles
hace notar de la importancia de la calidad ambiental para el bienestar de los
ciudadanos de una comunidad (The Politics, 1969 p. 278).
El
significado de economía política se identificó con el estudio de la economía
en general hasta principios del Siglo XX en que se constituyó en un campo
especializado de la economía que se ocupa de los procesos de toma de decisiones
políticas. La economía política ambiental emerge conjuntamente de las
dimensiones conceptualmente interrelacionadas del grado y forma de actividad
gubernamental y el nivel de responsabilidad del gobierno (Stavins, 2004, p.1).
En
la década de los setentas del siglo pasado, el análisis de los recursos
naturales y del medio ambiente lo realizaron la Fundación Bariloche en
Argentina y el Club de Roma preocupados por los problemas del desarrollo, el
crecimiento demográfico y la pobreza. El Informe Founes de la reunión técnica
celebrada en Suiza en 1971 categoriza la problemática ambiental de los países
desarrollados y en desarrollo.
La
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en 1972 en
Estocolmo cuestiona el modelo de desarrollo económico depredador de los
recursos naturales y degradador del medio ambiente. Esta conferencia determina
que el subdesarrollo es la principal causa de los problemas ambientales de los
países en desarrollo. La miseria como la principal causa de la contaminación
da lugar al ecodesarrollo que considera que el desarrollo económico y el medio
ambiente son dos caras de un mismo problema por lo que cada eco región debe
tener la capacidad natural para aprovechar sus recursos naturales para
satisfacer las necesidades de su población y de las ecotecnias para producir
satisfactores. La UNESCO y el PNUMA en 1974 criticaron el modelo de desarrollo
dominante y propusieron un modelo alternativo.
En
1983, la ONU establece la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo
que en 1987 emite el Informe Brundland Nuestro Futuro Común que delimita el
crecimiento a los límites de los recursos naturales disponibles en el planeta.
Los recursos naturales son finitos y constituyen un factor limitante del
desarrollo en el Siglo XXI. El desarrollo sustentable es el desarrollo que
satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las
futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades (Informe
Brundland, 1987). El desarrollo sustentable retoma los principios del
ecodesarrollo apoyado en elementos teórico metodológicos de la economía que
propone para garantizar el disfrute de recursos naturales a las generaciones
futuras, la modificación de pautas de consumo
En
las últimas dos décadas los intereses han crecido en instrumentos de política
ambiental basadas en el mercado y análisis de costo beneficio de políticas
propuestas y aplicadas. El sistema ha evolucionado de uno que ignora costos y se
confía exclusivamente en controles directos a uno que explícitamente considera
beneficios y costos y da una
considerable atención a los instrumentos basados en el mercado. En 1990, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sustenta el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) con indicadores de ingreso nacional, esperanza de vida y
grado de educación.
La
Cumbre para la Tierra celebrada en Brasil en 1992, suscribe la Agenda 21 como
marco de referencia para determinar las políticas gubernamentales y
empresariales. El PNUD sostiene como principio del desarrollo humano
sustentable, la protección de los recursos ambientales, es decir el conjunto de
recursos naturales y sociales, dejando que cada país fije sus prioridades por
sobre el crecimiento económico. La Carta de la Tierra sustenta el respeto y
cuidado de la comunidad de la vida con fundamentos en la integridad ecológica,
justicia social y económica, democracia, no violencia y paz.
En
el 2002, la Cumbre de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sustentable evalúa los
avances de la Agenda XXI, su cumplimiento, instituciones y medios de ejecución
que se han convertido en un debate actual.
La
ciencia ambiental es un campo relativamente nuevo que relaciona las teorías de
muchas otras ciencias. Los economistas han influido en la política ambiental de
tres maneras: defendiendo el uso de particulares instrumentos de políticas,
desarrollando métodos mejorados para analizar los costos y los beneficios y
analizando la economía política de las políticas ambientales.
En
los últimos años, varios estudios señalan la relación de U invertida
existente entre la escala de la actividad económica y el nivel de contaminación,
denominada como “Curva ambiental Kuznets”, lo que implica que en bajos
niveles de ingreso per cápita, las emisiones o concentraciones per capita
tienden a incrementarse a menor ritmo de tal forma que cuando el ingreso per cápita
se incrementa, en cierto nivel la contaminación empieza a declinar. Simon
Kuznet encontró esta relación entre la desigualdad del ingreso per capita y
los niveles de contaminación, dependiendo de diferentes factores, tales como el
tamaño de la economía, la estructura sectorial, la composición de la demanda
de energía, la tecnología, la demanda de la calidad ambiental, el nivel de
gastos de protección de la calidad ambiental, etc.
La
explicación de la U invertida de la relación de Kuznets son los niveles de
crecimiento económico desde un estadio de economías basadas en la agricultura
a la industria y post-industriales centradas en sistemas de servicios.
Así, el comportamiento de la curva de Kuznets es un efecto del ingreso
que resulta en la protección medio ambiente. Más que ser una consecuencia del
crecimiento económico, la curva de Kuznets es una consecuencia de elección de
prioridades, por lo que los aspectos de educación ambiental es un factor
importante. (Selden and Song, 1994; Cole;, Rayner, and Bates, 1997)
A
pesar de pocos éxitos notables, la influencia de los economistas en las políticas
ambientales ha sido modesta hasta la fecha. El acercamiento económico ha ganado
significativo movimiento en la comunidad de políticas, pero no ha resultado en
mejores políticas públicas. La razón es que el mundo real de la formulación
de las políticas enfrenta serias limitaciones de economía política que
afectan el diseño e implementación de instrumentos y procesos de análisis
económico. Para los economistas resulta crítico mejorar el entendimiento de
las limitaciones políticas, de tal forma que pueden diseñar políticas públicas
que son más realistas u eficientes.
Boyer
and Laffont (1999) desarrollaron un modelo de economía política formal que
compara dos instrumentos estilizados: Un estándar
uniformizado y un instrumento más flexible que varía el estándar entre
las empresas. En contraste con la teoría de estándar, identifican las
condiciones bajo las cuales el estándar uniforme es más eficiente que la política
flexible.
3.
De la racionalidad instrumental a la racionalidad política de los problemas
ambientales
En contraste con el enfoque económico de la
globalización, la corriente ambiental, pone a la naturaleza por encima de la
economía y cuestiona las prácticas actuales tanto económicas, políticas y
sociales. El enfoque ambiental señala la necesidad de un cambio total en la
forma de regir las cosas por el valor intrínseco que la naturaleza tiene.
La
perspectiva económica provee claridad respecto a las causas y consecuencias de
la degradación ambiental y por tanto iluminación sobre las intensiones de las
políticas públicas para proteger el medio ambiente, lo cual es cierto tanto en
las estimaciones positivas y normativas de las políticas ambientales. La
perspectiva económica sustituye perspectivas legítimas de la ley y las políticas
ambientales, ya sea que se fundamenten en las ciencias naturales, en la ética o
en otras ciencias de las que la perspectiva económica es un complemento. Entre
más atención se les ha dado a los temas ambientales, más consideración
tienen los temas de eficiencia, efectividad de costos, equidad distribucional de
leyes y regulaciones que intentan proteger el medio ambiente.
Por ejemplo, desde el punto de vista
de la economía política ambiental, en la regeneración de la naturaleza hay un
valor de economía no natural en el trabajo humano que induce a una biomasa
incrementada (Leff, 2000) porque está creando el hombre en la naturaleza. Este
valor sólo puede existir en la economía humano-social pero que implica
indirectamente una potenciación de una fuerza productiva del rescate de la
naturaleza (Torres Carral, 2006:202). Si a un producto se le agrega un
porcentaje para la restitución del recurso natural, se consolida la actividad y
se aumenta el interés en conservar el recurso ambiental.
La
eficiencia económica medida como la diferencia entre beneficios y costos es uno
de los criterios para evaluar las regulaciones ambientales, de salud y
seguridad. A pesar de que la eficiencia económica requiera que los estándares
se establezcan al nivel que maximizan las diferencias entre los costos y los
beneficios, es un acercamiento que raramente se toma en la política pública
actual a pesar de que existe un debate sobre cómo se establecen actualmente las
normas ambientales.
Hace
más de cien años, Vilfredo Pareto (1896) enunció el criterio normativo para
juzgar si un cambio social posiblemente inducido por una política social, hace
el mundo mejor. El cambio es una eficiencia de Pareto si al menos una persona
mejora y nadie empeora. Virtualmente ninguna política pública aprueba el
criterio normativo de Pareto, ya que inevitablemente hay algunos en sociedad que
empeoran en cualquier cambio concebible.
En
esencia, el criterio de Kaldor-Hicks provee la racionalidad para el análisis de
costo beneficio y para el descuento. Cincuenta años después de Pareto (1896),
Nicholas Kaldor (1939) y John Hicks (1939) postularon un criterio más pragmático
que busca identificar las mejoras potenciales de Pareto: un cambio se define
como una mejora de bienestar si aquellos
que ganan del cambio pueden compensar a los perdedores con al menos un ganador
que todavía mejore. The Kaldor-Hicks criterio que prueba que si los beneficios
sociales totales exceden el total de los costos sociales, es el fundamento teórico
para usar como instrumento analítico el análisis del costo beneficio o
valor presente neto.
Ni
el criterio de eficiencia de Pareto ni el criterio de Kaldor-Hicks llama por
apoyo de cualquier política por la cual los beneficios son más grandes que los
costos. Más bien, la clave es identificar la política por la cual la
diferencia positiva entre los beneficios y costos es mayor, de otra forma sería
posible identificar cualquier política que represente el potencial de una
mejora de Pareto. El criterio Kaldor-Hicks es más práctico que el criterio
estricto de Pareto, pero su normatividad es menos sólida y ha sido atacada. A
pesar de la teoría económica básica (utilidad) que pone al bienestar
individual como una función de la
satisfacción de preferencias individuales, esta noción se debate en otras
disciplinas como la filosofía y la psicología.
Los
problemas ambientales se consideran que son problemas económicos derivados de
las externalidades que pueden solucionarse como si fueran transacciones del
mercado (Coase, 1960). La calidad ambiental es naturalmente el resultado de los
mercados competitivos, un posible papel surge de la regulación gubernamental.
La competitividad es el principal objetivo de las políticas económicas
neoliberales. La solución tradicional teórica al problema de la externalidad
se pensó que era forzar a los actores privados
para que internalizaran los costos de sus acciones. Arthur Pigou en The
problem of welfare (1920) propuso que el gobierno debería imponer impuestos en
las emisiones iguales a los costos de
los daños relacionados a un nivel eficiente de control.
No
obstante la coordinación de estas actividades requieren de toma de decisiones
colectivas y de recabar
contribuciones (Congleton, 2006). Estas actividades colectivas asocian bienes públicos
y problemas políticos por la falta de incentivos para solucionarlos (Olson,
1965). Las recompensas para los servicios públicos tienden a ser menores que
los generados por el mercado, por lo que estos últimos tienden más a
solucionarse.
Las
políticas gubernamentales sobre el cuidado y protección del medio ambiente
afectan los costos organizacionales, la aplicación de contratos y la propiedad,
posesión y administración de los recursos. Desde la perspectiva de la economía
política del ambiente se revisan las formas particulares de los arreglos de
propiedad completos con las cuestiones de
calidad de vida y propiedad del trabajo como inherentemente constitutivo de la
degradación ambiental.
Los
recursos naturales pueden ser de propiedad y administración privada, de
propiedad y administración colectiva o privados y públicamente administrados
en una multiplicidad de arreglos (Ostrom, 1990). La economía política
ambiental demuestra mediante la comparación analítica de la “Tragedia de los
comunes” las consecuencias de las diferentes formas de propiedad y tradiciones
de derechos. Las políticas de los
derechos de propiedad asociados a los problemas ambientales son analizados bajo
el esquema de la tragedia de los comunes (Demsetz, 1967) para evitar el
sobreaso de recursos naturales que afectan la calidad de vida de los ciudadanos,
o la sobre protección de la naturaleza de los usos económicos evitará un sano
crecimiento económico.
Las
decisiones hechas ahora tienen impactos ahora y en el futuro. Mediante el
principio de precaución se protege a las generaciones futuras de impactos
inciertos no deseados sobre los recursos del ambiente naturales y sociales.
Muchos de los impactos futuros son mejoras inducidas por las políticas y en
este contexto, los beneficios futuros al igual que los costos de las políticas,
son descontados. Conceptualmente el análisis empírico de costos – beneficio
descansa en la disponibilidad de estimaciones confiables de beneficios sociales
y costos, incluyendo estimaciones de la tasa de descuento social. Llevar a cabo
los análisis de costo beneficio o de valor presente neto, requiere descontar
los impactos futuros en valores equivalentes que pueden ser comparados.
La
elección de la tasa de descuento puede ser particularmente importante en el
caso de los problemas ambientales con largos horizontes de tiempo, tales como el
cambio climático global Escoger la tasa de descuento a ser empleada en un análisis
puede ser difícil, particularmente cuando los impactos se desparraman en varios
años que involucran tiempo de más de una generación.. La tasa escogida puede
tener un efecto significativo si hay muchas diferencias entre las políticas en
el tiempo de los beneficios y costos. En general, beneficios y costos deben ser
descontados a la tasa de descuento social, la valuación relativa puesta por la
sociedad en el consumo futuro sacrificado en el presente.
En
teoría, la tasa de descuento social puede ser derivada agregando las tasas de
preferencias de tiempo individual de todas las partes afectadas por la política.
Bajo condiciones idealizadas, la tasa de interés del mercado refleja la tasa
marginal de preferencias del tiempo de los individuos, pero la presencia de
impuestos, riesgo, restricciones de liquidez, limitaciones de información y
otras imperfecciones significa que la tasa de descuento social no es reflejada
por la tasa particular del mercado.
Entre
otros principios generales, es adecuado emplear la misma tasa de descuento para
los beneficios y los costos. Si las inversiones de capital privado
son desplazadas por los proyectos públicos, deben tomarse en cuenta en
estimaciones de los costos y
beneficios futuros previos al descuento. Las estimaciones de los beneficios y
costos futuros pueden ser inciertos e involucran riesgos por lo que requieren
ajustarse a través del uso de equivalentes de certeza, pero la tasa de
descuentos por sí misma debe ser cambiada para tomar en cuenta los riesgos o
incertidumbre. Los análisis de sensibilidad usando y tasas de descuento
alternativas deben ser llevadas a cabo.
La
economía ambiental es un campo que no se ha enfocado en las complejidades del
diseño e implementación de instrumentos basados en el mercado y hay una falta
general de entendimiento en la comunidad de las políticas
del acercamiento económico a la protección ambiental. Los formuladores
de políticas cuestionan las formas de involucramiento del gobierno y los
instrumentos que deben usarse una vez que las metas y las normas de las políticas
ambientales se establecen.
Los
economistas argumentan a favor de instrumentos basados en el mercado, tales como
los impuestos a la contaminación y permisos negociables más que instrumentos
de comando y control como el diseño de normas que requieren el uso de tecnologías
particulares y estándares de desempeño que prescriben la cantidad máxima de
emisión de contaminantes. Los instrumentos basados en el mercado son efectivos
en costos, minimizan los costos agregados de lograr cierto nivel de protección
ambiental y proveer incentivos dinámicos para la adopción de más baratos y
mejores tecnologías de control. No obstante las ventajas, los instrumentos
basados en el mercado se han usado menos frecuentemente que los estándares de
comando y control.
Las
empresas prefieren la regulación directa en forma de cuotas de emisiones por
sobre los impuestos, ofreciendo una explicación por la prevalencia de
instrumentos de comando y control, a pesar de conocer la efectividad de los
costos de los instrumentos del mercado. La actual práctica diverge
considerablemente de los instrumentos ideados por los teóricos. A pesar de las
ventajas de la efectividad de costos y la eficiencia dinámica asociada con los
instrumentos de políticas basados en el mercado, estos acercamientos a la
protección del medio ambiente, se usan en menor grado comparados con los
convencionales instrumentos de comando y control.
Un
modelo nacional de toma de decisiones relacionada con las normas ambientales que
demuestra las diferencias anticipadas en parámetros entre regímenes
autoritarios y democráticos afecta las elecciones en el control de la
contaminación. Congleton (1992) demostró que los autócratas tienen un costo
relativamente mayor y seleccionan normas ambientales más laxas que en los regímenes
democráticos, usando pruebas empíricas con datos del Protocolo de Montreal.
En
las pocas instancias en las que los instrumentos basados en el mercado han sido
adoptados, han tomado la forma de permisos negociados asignados sin cargo, más
que permisos en subasta o impuestos a contaminantes, a pesar de las ventajas que
tienen en algunas situaciones de estos otros instrumentos. La atención política
dada a los instrumentos de políticas ambientales basadas en el mercado se han
incrementado dramáticamente en estos últimos años. El modelo del mercado de
la oferta y demanda de los instrumentos de la política del medio ambiente
explicados por los economistas tienden a referirse a la demanda por instrumentos
de políticas ambientales, mientras que las explicaciones desde la ciencia política
se refieren a la oferta.
El
análisis de los instrumentos de elección enfatizan los problemas del agente
–principal inherentes en el diseño de los mecanismos de regulación. En un
mundo de información perfecta, los instrumentos son equivalentes, pero las
realidades de la información incompleta necesitan la consideración de los
problemas de contratación entre el público y las agencias reguladoras.
Es
difícil implementar regulaciones ambientales basadas en el mercado, por una
variedad de razones, incluyendo el hecho que las empresas prefieren instrumentos
de comando y control porque tienen relativamente un gran poder de cabildeo que
pueden solucionar problemas de acción colectiva más fácilmente que los mismos
intereses ambientales.
a.
Electores o votantes
Un primer acercamiento a la política pública es lo
que el elector medio logra al favorecer la que maximiza sus utilidades en función
de los beneficios y costos ambientales de los problemas, los mismos que
lamentablemente no siempre puede evaluar, sencillamente porque no es un experto.
Las
preferencias ideológicas de los que formulan las políticas y los intereses
económicos de la población votante juegan un papel importante en los
resultados legislativos y regulatorios. Por ejemplo, Kalt and Zupan (1984)
distinguen dos tipos de utilidad que puede buscar un oficial electo: la utilidad
derivada del incremento de la riqueza o la posibilidad de reelección
considerada un motivo de inversión y la utilidad de actuar de acuerdo a las
creencias morales e ideológicas considerado como un motivo de consumo. Una vez
satisfecho el motivo de inversión maximizando el apoyo de los votantes, es más
importante entender y modelar la conducta el comportamiento político
Los
votantes pueden no favorecer los programas ambientales a menos que estén bien
informados y las políticas basadas en incentivos son más difíciles de
entender. Los políticos favorecen las políticas que logran resultados
inmediatos y posponen o hacen menos
visibles los costos, y las políticas de comando y control conducen a resultados
más inmediatos que los votantes puedan ver fácilmente, mientras hacen sus
costos menos transparentes. Los burócratas responsables para implementar las
políticas ambientales prefieren acercamientos de comando y control porque les
dan un rol más importante y les permiten maximizar sus propios presupuestos y
asistentes de apoyo.
b.
Grupos de interés
En
la década de los ochenta, las teorías del interés público de las
regulaciones que dio fundamento a los políticos para tomar decisiones en función
del beneficio público son reemplazadas por las teorías de los grupos de interés
o de “captura”, en donde los políticos toman decisiones para maximizar su
propio apoyo político.
Aidt
(1998) desarrolla un modelo teórico de la economía política de la regulación
ambiental basado en las interacciones de competencia entre grupos de intereses.
Demuestra que la competencia entre los grupos de interés resulta en políticas
que internalizan las externalidades ambientales considerando que esta solución
política es sub óptima. En algunos
casos de fenómenos globales, las políticas ambientales se vuelven
controversiales cuando su implementación va más allá de las fronteras
nacionales, ya que afectan las regulaciones de las relaciones tranfronterizas,
como en el caso de las relaciones comerciales que tanta atención atraen de los
grupos de intereses corporativos
Los
grupos de interés afectan las políticas ambientales como lo demuestra Coates
(1996) con las contribuciones que hacen a los legisladores para afectar los
resultados en los asuntos ambientales. Buchanan and Tullock (1976) argumentan
que las consideraciones económicas más que las ambientales determinan la
formulación e implementación de las políticas ambientales. Así, la política
ambiental refleja los efectos de la competencia electoral que gravita en torno
de las preferencias del elector medio y la influencia
de los grupos de interés políticamente activos.
Muchas
de las propuestas e implementadas políticas ambientales involucran negociaciones reales entre equidad y eficiencia en cuerpo de políticas nacionales e
internacionales que han demostrado preocupación por asegurar que grupos de
ciudadanos de bajos ingresos, minorías étnicas, y futuras generaciones no
soporten partes desproporcionadas de costos de acciones relacionadas con el
medio ambiente.
La
elección de instrumentos afecta ciertos grupos que concentran intereses de
quienes se espera que experimenten impactos significativos como resultado de políticas
propuestas. Los efectos comerciales se jerarquizan de acuerdo a los incentivos
para proteger el medio ambiente, ya sea unilateralmente o en grupo en oposición
a inactivo remanente.
El
gobierno maximiza su apoyo político modelado como el promedio de las
contribuciones de los grupos de interés y el bienestar social de los votantes.
c.
Valuación normativa de la burocracia
Las
contribuciones de una burocracia experta suple la falta de información de los
electores en los procesos de toma de decisiones sobre las políticas
ambientales, lo cual maximiza los beneficios sociales. No obstante, es difícil
a valuación normativa porque hay que estimar la subjetividad de los beneficios
y costos de políticas ambientales alternativas. La delegación se complica
cuando la agencia de personal tiene diferentes metas que las de la principal
corriente de electores.
d.
Hacia la racionalidad política con equidad distribucional?
Los
problemas ambientales son problemas políticos como resultado de la acción
colectiva (Congleton, 2006). Las políticas gubernamentales reflejan los
incentivos para el uso final de los recursos, por lo que los problemas
ambientales son consecuencia del equilibrio económico que resulta del
equilibrio político. La economía política
ambiental se centra en la obtención de equilibrio político en función de la
elección pública en un amplio dominio de la política ambiental. Por lo
tanto, la protección del ambiente deja de ser de racionalidad instrumental para
pasar a la esfera de la racionalidad política.
Las
políticas ambientales domesticas son material de decisión de lo gobiernos con
escasa participación de quienes son los contaminadores, de tal forma que los
resultados en la contaminación ambiental son un reflejo de los incentivos que
la aplicación de las leyes y regulaciones ofrecen. Por lo tanto, es la política
mas que la economía la que es responsable de la contaminación como resultado
de las políticas gubernamentales que sirven de marco a las decisiones de
empresas y consumidores que generan la contaminación (Congleton, 2006).
El
marco de referencia de la elección pública para sumir los resultados de las
políticas se determina por la influencia de la industria más que por las
consideraciones de bienestar social. El
capital y el trabajo sufren más de los derechos y cargos que de las normas
uniformes. El capital que antes se encontraba como un factor inamovible en las
economías nacionales, ahora se puede movilizar instantáneamente por cualquier
parte del mundo.
Murdoch
and Sandler (1997) modela las preferencias de las naciones que varían de
acuerdo a los gustos, los cuales son una función de factores
tales como el ingreso, características geofísicas, tamaño de la
población y régimen político.
Dejar
que los Estados determinen las políticas ambientales no necesariamente resulta
en una carrera sin fondo de acuerdo a análisis empírico que demuestra que una
mayor calidad ambiental en un Estado responde positivamente a incrementos en
ingreso. Se argumenta que dando un mayor poder
a los Estados resulta en una carrera sin fondo de la calidad ambiental,
sin embargo, List and Gerking (2000) no encuentran evidencias de que la calidad
ambiental decline cuando los Estados tienen más control sobre reglas de
protección ambiental.
Los
criterios de eficiencia y efectividad de costos pueden ser difíciles de digerir
cuando los impactos distribucionales de la regulación son altamente esquivados
y el enfoque en equidad en los debates de políticas ambientales se intensifica
cuando los costos y los beneficios de regulación continúan elevándose. La
gente con más altos ingresos son más conscientes del daño ambiental y tienen
capacidad para ejercer presión sobre los políticos para introducir
regulaciones ambientales y a las empresas a que usen tecnologías más limpias.
Por ejemplo, efectos de los precios de las acciones se han identificado en los
países en desarrollo como el caso de México. (Dasgupta, Laplante, and Mamigi,
2001). Las comunidades vecinales influencian el desempeño ambiental de las
empresas en algunas partes de Latinoamérica (Pargal and Wheeler, 1996).
No
obstante, se argumenta que el crecimiento incondicional es preferido a la
implementación de políticas ambientales porque se percibe que con crecimiento
económico se obtienen las metas económicas y ambientales y con políticas
ambientales se impide el crecimiento económico, por lo que un crecimiento más rápido
es mejor. Esto explica por qué los países en desarrollo no aceptan las políticas
ambientales.
El
papel del cambio tecnológico y los cambios estructurales que afectan las economías
demuestra que las políticas ambientales conscientes son necesarias para ordenar
o dirigir la relación crecimiento económico y desarrollo ambiental.
Los
procesos de participación ciudadana en las decisiones comunitarias y de acceso
a la información sobre los recursos ambientales, naturales y sociales,
constituyen los instrumentos para que cada comunidad establezca sus propias políticas
de desarrollo y ambientales para el aprovechamiento de sus propios recursos
naturales y sociales, el establecimiento de sistemas para internalizar de costos
ambientales y de instrumentos económicos. La perspectiva del desarrollo
sustentable reconoce que las comunidades y naciones tienen responsabilidades
comunes aunque diferenciadas.
Las
políticas públicas se orientan a proveer bienes o a prevenir malestares. La
provisión de un bien incrementa la utilidad para un actor dado comparado con el
status quo, mientras que la prevención del mal previene las reducciones de
utilidad. En términos analíticos, estos casos son simétricos y equivalentes y
no hay distinción entre las políticas ambientales para mejorar la calidad del
medio ambiente y las políticas ambientales para prevenir su deterioro. En el
primer caso se provee de un medio ambiente bueno y en el segundo la protección
de un medio ambiente bueno.
Las
políticas ambientales tienden a tener efectos secundarios en otras áreas. Las
políticas ambientales pueden regular productos, así como las condiciones para
la venta de productos. Al grado que las economías nacionales se abren, las políticas
ambientales influencian los flujos comerciales y de inversión. Por lo tanto,
las políticas ambientales tienen efectos en la competitividad de las empresas
domésticas. Como resultado, los gobiernos deben considerar los costos y
beneficios de las políticas ambientales
así como sus actitudes hacia la protección de medidas ambientales, por lo que
es importante para los reguladores ambientales entender los efectos secundarios
de las políticas ambientales en la competitividad.
Algunas
políticas ambientales tienen un impacto negativo en la competitividad, mientras
que otras tienen un impacto positivo y otras no tienen ningún impacto. Las
medidas de protección ambiental que
dañan la competitividad desalientan a los países de actuar autónomamente y
exacerban los problemas de acción colectiva. Los analistas apuntan a estos
mecanismos para justificar la fortaleza de las instituciones para la acción
ambiental. En contraste, las medidas de protección que fortalecen la
competitividad alientan la acción autónoma y facilitan la acción colectiva
A
pesar de que esta propuesta es trivial en teoría puede tener alguna significación
en la práctica. Las desventajas competitivas son con frecuencia argumentos
usados contra las políticas ambientales nacionales. No es razonable asumir que
tales argumentos bajo condiciones de fuerte competencia regulatoria algunas
veces previenen que sean tomadas medidas ambientales. Hay alguna literatura que
apunta a que en el análisis final, los efectos competitivos de la regulación
ambiental con frecuencia no son muy significativos.
Con
respecto a la regulación, esta disminuye el poder e influencia de las
organizaciones, quienes en ocasiones gozan de un poder desmedido para abusar. La
respuesta crítica a esta perspectiva fue hecha por Ronald Coase en su artículo
The problem of social cost (1960) argumentando que si las acciones de A infligen
daño a B, no es el caso necesariamente de que las acciones de A deberían
restringirse porque el daño que A causa a B no es realmente un problema de
naturaleza recíproca que emerge debido a la presencia simultánea de las dos
partes.
En
un segundo argumento, Coase (1960) mostró que las negociaciones ambientales
bilaterales sin costos de transacción, las dos partes alcanzarán acuerdos
deseables socialmente. Tercero, que la cantidad total de contaminantes es
independiente de las reglas legales y de los derechos de propiedad elegidos para
estructurar la relación. A pesar de las reglas iniciales legales, las
negociaciones producirán dos resultados: conducirán a la misma cantidad de
contaminantes y llevará a la maximización de bienestar social. Por supuesto,
la elección de las reglas legales puede determinar que parte hace los pagos y
que parte los recibe, una preocupación distribucional pero no de eficiencia.
Además
se hacen preguntas acerca de si las ganancias y pérdidas sociales
pueden expresarse a través de la agregación simple de los cambios de
bienestar de los individuos. Algunos argumentan que otros factores deben ser
considerados en una medida de bienestar social y que criterios como la equidad
distribucional limita la consideración de eficiencia en algunas decisiones
colectivas (Kelman, 1981ª; Sagoff, 1993). Los economistas no están en
desacuerdo y anotan que el criterio Kaldor-Hicks debería no ser considerado una
condición necesaria o suficiente para las políticas públicas (Arrow et al.,
1996).
En
la práctica, existen retos significativos, en gran parte debido a los las
dificultades inherentes en la
medición de costos y beneficios. Además, las preocupaciones acerca de la
consideración de la justicia y los procesos de méritos porque las políticas públicas
inevitablemente involucran perdedores y ganadores, sobretodo cuando los
beneficios agregados exceden a los costos agregados.
Bajo
tales condiciones, las políticas pueden pasar la prueba de potencial de mejora
de Pareto pero decrecer en el bienestar de la sociedad en su conjunto. El debate
puede ser entendido como un enfoque en
la compatibilidad de la eficiencia y en el criterio de la equidad
distribucional. El punto de vista general de la economía es que otros criterios
adicionales a la eficiencia pueden ser empleados por los tomadores de
decisiones, pero la existencia de
tales criterios no invalida el criterio de eficiencia que permanece en los
procesos de toma de decisiones sociales.
El
consenso en la política ambiental, es que la eficiencia y la equidad deben ser
evaluadas separadamente pero no hay consenso en criterios específicos que deben
ser usados para jerarquizar las alternativas de la perspectiva de equidad.
.Por
lo tanto, los beneficios de una política ambiental se definen como la colección
de voluntades individuales para pagar por la reducción o prevención de los daños
ambientales. En teoría, las medidas de valor apropiadas para evaluar una política
en particular dependen de la asignación relacionada de derechos de propiedad,
la naturaleza del status quo, y si el cambio medido es una ganancia o una pérdida,
pero bajo una variedad de condiciones, la diferencia entre las dos medidas puede
esperarse ser relativamente pequeña.
Economía
política ambiental global e internacional
En
años recientes ha habido mucho debate entre los economistas con respecto al
significado del concepto sustentabilidad como un criterio único y comprensible
que guíe el desarrollo global. El cambio ambiental está implicado en la economía
política internacional y en la economía política global. Los problemas de la
economía política ambiental global e internacional son cada vez más
presionantes para los analistas, los formuladotes de políticas y los
ciudadanos. El análisis del cambio del ambiente global y local es el resultado
de la economía política organizada globalmente. Cualquier solución a los
problemas ambientales globales implica una profunda transformación de las
relaciones económicas y políticas internacionales.
La
globalización se caracteriza por el acelerado incremento de la movilidad de
productos y factores de producción. Además de las nuevas tecnologías, la
globalización es también impulsada por los acuerdos internacionales de libre
comercio. La globalización afecta muchas medidas de protección ambiental
positiva o negativamente, el nivel promedio de protección ambiental necesita no
necesariamente ser afectado negativamente. Esta conclusión debe ser modificada
si los compromisos del comercio libre internacional se toman en cuenta.
.El
problema se reduce a cómo inducir tomadores de decisiones siempre con sus
propios intereses y miopes, a hacer las cosas correctas y a comportarse de forma
que minimicen los daños ambientales y optimicen la utilización de recursos
naturales bajo restricciones externas. Tratar estos asuntos es muy difícil
dentro de la política para establecer los lazos de cooperación internacionales
necesarios para confrontar los grandes obstáculos de las cuestiones ambientales
(Changhua Sun Rich, Eugenio Bobenrieth, Brian Potter, Heather Carlisle, Paul
Williams, Alan Richards, and Richard Ackerman, (1977).
Desde
el punto de vista de la teoría de los bienes públicos, los recursos
ambientales que predominantemente representan bienes privados, los cuales desde
la perspectiva de los países involucrados se protegen mejor con el marco de
referencia de la acción colectiva internacional como en el caso del clima
global. Por ejemplo, los beneficios potenciales de los protocolos de Kyoto en término
de reducir el calentamiento global son de no rivalidad, ya que dichos beneficios
son no excluyentes, el protocolo de Kyoto representa un bien público
internacional. El protocolo de Kyoto combina un bien público con desventajas
competitivas. Representa problemas de acción colectiva
que no son severos, a pesar de que es menos que la combinación de
recursos comunes y desventajas competitivas.
A
nivel general, el análisis teórico de la significancia de la globalización
descansa en la combinación de los efectos de tipos de bienes con los efectos
comerciales de la protección ambiental. Ambos efectos son importantes para
entender los incentivos nacionales para
la protección ambiental. Si se descuida uno de ellos se llegan a conclusiones
erróneas. Juntos los dos factores pueden explicar una parte sustancial de la
variación en los incentivos nacionales con respecto a varias medidas de
protección ambiental. Esta coordinación provee una nueva medida para la
severidad de los problemas de la acción colectiva.
Sobretodo,
las contribuciones sirven a los formuladores de políticas como guías para las
estructuras de incentivos que las naciones enfrentan en diferentes campos y con
respecto a diferentes instrumentos de protección ambiental.
A
fin de evaluar los efectos de la globalización en la protección ambiental se
debe distinguir entre globalización económica y sus fuerzas impulsoras. La
globalización se caracteriza por un incremento acelerado en la movilidad de los
productos y los factores de producción. La tecnología y la ley económica
internacional se identifican como las dos principales fuerzas impulsoras de la
globalización. La ley económica internacional promueve la globalización a
través de la integración negativa en la forma de acuerdos de libre comercio,
remueve barreras del comercio que resultan de la legislación nacional, tales
como tarifas, cuotas, barreras técnicas e impuestos discriminatorios.
El
enfoque de los efectos de la globalización en la protección ambiental, la
globalización en forma de crecientes flujos
comerciales refuerza los efectos competitivos de la regulación ambiental. Estos
efectos de la globalización pueden ir en ambas direcciones: ventajas
competitivas que resultan de las medidas de protección ambiental, que pueden
hacer más atractivas las políticas nacionales autónomas, mientras que las
desventajas competitivas pueden hacer las
medidas de protección ambiental autónomas menos atractivas. Por lo tanto,
mientras que la globalización puede hacer las políticas ambientales nacionales
más atractivas en algunos casos, y menos atractivas en otros, no necesariamente
afecta el nivel promedio de la protección ambiental en un país dado.
Lo
que se ha descuido es el efecto en la ley económica internacional., una de las
fuerzas impulsoras de la globalización internacional. Los efectos de la
globalización pueden incrementar la efectividad de las políticas ambientales
domésticas. Si la globalización implica que la aplicación de instrumentos
particulares sea más difícil, ya
sea porque las desventajas competitivas las hacen menos atractivas,
o porque las ventajas competitivas las hacen ilegales en términos de la
ley comercial internacional, puede ser posible cambiar las medidas que no son
afectadas, e incluso no alentadas por la globalización.
Otra
opción para los países individuales es ignorar los problemas de la globalización
que aparentemente causa a ciertas
políticas ambientales, argumentando que tales problemas son relativamente
menores.
Para
explicar como la globalización modifica los incentivos de los países y sus
gobiernos que protegen bienes ambientales en forma autónoma o en cooperación
con otros países, es necesario identificar las posibilidades y límites de las
políticas ambientales nacionales, así como la necesidad por y para las
dificultades de los acuerdos ambientales internacionales, bajo condiciones de
globalización.
Los
acuerdos de libre comercio restringen la habilidad de los países para adoptar
medidas de protección ambiental que llevan a las ventajas competitivas
para la industria doméstica. Esta tendencia existe
a pesar de las cláusulas de salvaguarda en algunos acuerdos. Conduce a
prejuicios por lo que los efectos totales de
la globalización sobre la protección ambiental puede ser negativa.
Contra
este retroceso, cuatro opciones para alargar el espacio de la acción de los países
individuales y sus gobiernos relacionan la ley económica internacional
y la ley ambiental internacional, las estrategias nacionales para la
protección ambiental y el conocimiento sobre la base en la que los países
toman decisiones. Más específicamente,
las cuatro opciones se orientan a
fortalecer las cláusulas de salvaguarda que permiten excepciones a la
ley económica internacional, finalizan de hecho la jerarquía de la ley económica
internacional sobre la ley ambiental internacional y eluden problemas creados
por la globalización enfocándose en medidas de protección ambiental sin
efectos competitivos negativos y generan y diseminan información sobre el grado
actual de las desventajas competitivas de las medidas de protección ambiental,
lo que tiende a sobre estimarse.
La
actual tendencia de la globalización de los mercados es la continuidad de la
secular batalla por el acceso a los recursos naturales escasos. La
sobreexplotación de los recursos naturales en una economía globalizada
conlleva a la falta de
sustentabilidad. El actual modelo económico neoliberal
genera dependencia con la economía global y no acepta la diversificación
económica que implica diversidad de actores y estrategias económicas y procesos de
tomas de decisiones democráticos y participativos a nivel local bajo la
aplicación del principio de subsidiariedad. La ley del comercio internacional y
la ley ambiental internacional reflejan considerablemente diferentes evoluciones
de las leyes internacionales debido en gran parte a los acercamientos de
la evolución institucional al cumplimiento.
La
ley de comercio internacional ha evoluciona en una versión relativamente fuerte
del derecho público internacional por la evolución de instituciones de
cumplimiento innovadoras. Estas instituciones permiten a los Estados coordinar
efectivamente sus comportamientos sobre sus
obligaciones legales substantivas explícitas las cuales son medios creíbles
para detectar y evaluar violaciones y determinar prospectivamente las sanciones
en un acercamiento legalista a la cooperación internacional, que trabaja bien
en el contexto del comercio internacional por varias razones asociadas con la
naturaleza del dilema que los Estados enfrentan.
Las
innovaciones recientes en el derecho internacional ambiental han permitido a los
Estados coordinar efectivamente su conducta pero no típicamente de una forma
legalísta lograda en el comercio. En vez el progreso en los regímenes
internacionales ambientales implica varios grados de involucramiento de
compromisos y sistemas de cumplimiento multifacéticos. Ambos derechos
internacionales siguen evolucionando y
aprendiendo uno del otro, adoptando innovaciones institucionales exitosas para
beneficiar a las partes involucradas.
La
OMC se fundamenta crecientemente en instituciones orientadas
administrativamente, no adversarias para estimular la cooperación en el logro
de la liberalización comercial por los mismos miembros. Estos desarrollos
institucionales evalúan la implementación y cumplimiento doméstico de las
normas comerciales, la capacidad para desarrollar programas de asistencia técnica
y financiera. Además, los regímenes ambientales internacionales crecientemente
incluyen instituciones que exijan el cumplimiento con autoridad para imponer
sanciones de varios tipos.
Los
incentivos nacionales para la protección del medio ambiente puede explicarse
hasta cierto grado, en términos de la teoría de bienes públicos, por una
combinación del tipo de bien ambiental protegido y los efectos de la medida de
protección del medio ambiente en competitividad internacional (Köllinger,
2004).
Las
naciones tienen preferencias con respecto a los bienes ambientales pero sus
incentivos pueden diferir en cada situación específica dando como resultado la
acción individual en un marco de referencia de las políticas ambientales, la
acción colectiva en un marco de acuerdos ambientales internacionales o la
inactividad. Si los acuerdos ambientales internacionales existen, los países
participantes cuentan con incentivos para salir o entrar, mientras que los países
no participantes tienen como incentivo para permanecer fuera o para
incorporarse.
Las
nuevas entradas y la participación sostenida son evidencias de los efectos
centrípetas de los acuerdos ambientales internacionales que se refieren a la
utilidad de la participación en la acción colectiva opuesta a la abstención,
mientras que las amenazas y las continuadas abstenciones son parte de las
fuerzas centrífugas. Por ejemplo, la Unión Europea ha tomado acciones
ambientales participando en los protocolos de Kyoto mientras que los Estados
Unidos se han abstenido de participar.
Es
importante explorar las posibilidades las posibilidades y límites de las políticas
ambientales nacionales sobre las perspectivas de la creación de acuerdos
ambientales internacionales y en los efectos centrípetos y centrífugos
de tales acuerdos de los potenciales participantes. En este contexto, es
importante notar que la contribución se concentra en la acción colectiva entre
los países y sus gobiernos, no entre individuos, empresas u otros actores no
estatales. Si se investiga el carácter de los bienes ambientales, así como de
los efectos competitivos de la protección ambiental, exclusivamente desde el
punto de vista de los países como un todo, estos países pueden ser tratados
como unidades de análisis.
La
clasificación de los bienes ambientales en función de sus efectos centrípetos
de arreglos internacionales para su
protección. Esto ayuda a las naciones a hacer las correctas elecciones de políticas
institucionales para mejorar la calidad ambiental en forma efectiva y eficiente,
a través de la acción nacional autónoma o la acción colectiva internacional.
Para la comunidad de investigadores ambientalistas, las contribuciones proveen
un marco de referencia para el análisis que permite comparaciones más amplias
y por lo mismo, aprendizaje entre una gama de subtemas de la protección
ambiental.
Las
consideraciones teóricas relacionadas con los tipos de bienes ambientales y
efectos comerciales pueden resolver problemas de incentivos divergentes del
medio ambiente que pueden ser usados como ejemplos empíricos en diferentes
combinaciones. Por ejemplo, el protocolo de Kyoto involucra un bien público
internacional con efectos centrípetos más débiles. Los efectos comerciales
refuerzan las tendencias porque la participación en el protocolo de Kyoto puede
traer desventajas competitivas, es decir, combina un bien público con ventajas
competitivas.
El
valor puesto en los bienes ambientales es una condición necesaria pero
insuficiente para las medidas que toman los países y sus gobiernos
para la protección de estos bienes. Los gobiernos nacionales necesitan
incentivos para ayudar a transformar las preferencias en acciones. Lo importante
es el entendimiento de los incentivos nacionales para la protección ambiental.
De
hecho en los acuerdos internacionales se justifican los argumentos de que la
protección ambiental representa un bien público internacional que requiere
acción colectiva internacional, ya que los países individuales carecen de
incentivos para actuar anónimamente.
Es importante identificar en más detalle los incentivos nacionales
que los gobiernos tienen que iniciar nuevas medidas de protección
ambiental, en forma anónima o colectiva, o permanecer inactivos. Igualmente
importante es identificar los incentivos para
participar en medidas de protección ambiental existentes, en forma unilateral y
autónoma para emular las políticas de otros países o firmando acuerdos
ambientales internacionales.
La
teoría de integración diferenciada (Kölliker, 2002) incluye una clasificación
de incentivos para los para los países individuales que participan en la acción
colectiva, dependiendo del tipo de bien involucrado.
La teoría sugiere que los
efectos centrípetos de la acción
colectiva internacional en países que inicialmente no participan son más
fuertes en el caso de bienes de club. Bienes privados clasifican en segundo término
mientras que los bienes públicos en tercer lugar.
El
carácter de los bienes ambientales en términos de la teoría de los bienes públicos
ayuda a entender las circunstancias bajo las cuales los países pueden
eficientemente actuar solos y bajo que circunstancias de acción colectiva
internacional se es potencialmente más eficiente.
Combinando
los dos factores deberían guiarnos a un más comprensivo entendimiento de los
problemas de la acción nacional autónoma y la acción internacional colectiva.
El caso más difícil resulta si la
protección de recursos comunales internacionales conduce a ventajas no
competivivas. Bienes públicos más desventajas competitivas – Los problemas
de acción colectiva en el contexto de los protocolos de Kyoto que aquellos de
la pesca en alta mar.
Bienes
públicos más neutralidad competitiva. El protocolo de Kyoto puede ser efectivo
sin poner en peligro la competitividad nacional como en el caso cuando afecta
los hogares e industrias protegidas de la competencia internacional. El
Protocolo de Kyoto representa un bien público combinado con la neutralidad
competitiva. De acuerdo con esto, los incentivos para la acción autónoma son
un poco mejores que en el caso anterior.
La
investigación ambiental representa un bien de club para los países
involucrados, los incentivos para los países que participan en programas de
investigación ambiental internacional están intactos y no existen problemas
serios de acción colectiva.
La
investigación ambiental no siempre involucra efectos comerciales, los cuales
están ausentes si los productos más limpios resultan de la investigación
ambiental y no son comercializados internacionalmente, o si la investigación
ambiental no está relacionada estrictamente con el producto en primer lugar. Ya
que los bienes de club alientan la acción colectiva sin involucrar problemas
mayores de acción colectiva, se esperaría que la cooperación internacional
con respecto a la investigación ambiental pueda desarrollarse más fácilmente
que la cooperación que involucra otros tipos de bienes. Hay evidencias de que
la cooperación para la investigación ambiental emerge en un primer plano sin
mayores dificultades
Los
acuerdos internacionales de libre comercio prohíben o limitan las medidas
proteccionistas, restringen el uso de las medidas de protección ambiental que
crea las ventajas competitivas para la industria doméstica, y las desventajas
competitivas para la competencia foránea, Los flujos
comerciales no necesariamente afectan el nivel promedio de protección
ambiental ofrecida por los países individuales, los acuerdos comerciales pueden
introducir ideas preconcebidas.
El
impacto combinado del comercio internacional y los acuerdos internacionales de
libre comercio pueden afectar negativamente los incentivos y posibilidades de
los países para proteger el medio ambiente en forma autónoma, mientras que el
comercio por sí mismo puede limitar los incentivos que tienen los países para
actuar, como en el caso de medidas ambientales que generan desventajas
competitivas, los acuerdos comerciales pueden prohibir la acción donde los países
tienen incentivos para actuar, como por ejemplo, cuando las medidas ambientales
generan desventajas competitivas.
Las
ideas preconcebidas en contra de las políticas nacionales autónomas que
resultan de los acuerdos de libre comercio pueden ser reducidos por la inclusión
de cláusulas de salvaguarda ambientales en los tratados de libre comercio. Las
primeras dos opciones conciernen el marco de referencia legal internacional, el
tercero se relaciona con las elecciones políticas a nivel nacional, y el cuarto
se relaciona con la información disponible
para los actores. En términos de la teoría de juegos,
el resultado con respecto al medio ambiente puede mejorar. Cambiando las
reglas internacionales del juego por elecciones inteligentes de estrategias
nacionales y proveyendo información específica a los jugadores.
Puede
parecer paradójico que el alcance
para efectivas políticas ambientales nacionales representadas en las primeras
dos opciones, deberían empezar con un marco
de referencia internacional y por tanto con una acción colectiva internacional.
En ambos casos, sin embargo, arreglando
el marco de referencia internacional legal
y su aplicación, se dirige a restaurar la soberanía nacional
relacionada con las políticas ambientales en áreas donde la ley del
comercio internacional puede estar
limitada excesivamente.
La
primera opción es una mejor aplicación y reforzamiento de cláusulas de
salvaguardas ambientales proveías
por la ley económica internacional. Tales cláusulas de salvaguarda
internacionales permiten a los países tomar medidas de protección ambiental, a
pesar de sus efectos potenciales como barreras al comercio, que resulta en
ventajas competitivas para la industria doméstica.
Pero
al mismo tiempo, las cláusulas de
salvaguarda ambiental también requieren de medidas ambientales que constituyen
una barrera al comercio para ser motivados por protecciones ambientales, no por
proteccionismo. En realidad, es frecuentemente difícil probar uno de los dos.
Al grado que las cláusulas de salvaguarda
a revisión judicial o quasi-judicial, las cortes internacionales por lo
tanto, tienen un rol significativo que jugar en la aplicación de tales cláusulas
de salvaguarda.
La
segunda opción es asegurar que la ley de comercio internacional no previene a
países individuales de adoptar medidas de implementación de acuerdos
ambientales internacionales. Los críticos aseguran que el actual sistema
internacional privilegia la ley económica internacional sobre la ley ambiental
internacional. Una razón importante para esto es que la ley económica
internacional puede ser aplicada más fácilmente, gracias a los instrumentos
unilaterales tradicionales tales como represalias
en política comercial y nuevos instrumentos multilaterales tales como
las cortes internacionales. Mientras que los países ofrecen romper los acuerdos
ambientales internacionales sin
enfrentar mayores consecuencias, romper los acuerdos comerciales internacionales
tiende a ser penada más duramente.
Si
la ley ambiental internacional entra en conflicto con la ley comercial
internacional, es lógico que los países no tomen en cuanto al primero tanto
como al segundo. No es claro que cual es la mejor manera para prevenir o
solucionar conflictos entre la ley
comercial internacional y la ley ambiental internacional. El sistema
internacional se organiza predominantemente en torno a principios funcionales y
la coordinación entre las diferentes organizaciones internacionales es débil.
El marco de referencia institucional soportado por las Naciones Unidas es simple
y débil, no solo con respecto a los Estados miembros, sino también con
respecto a los componentes funcionales.
La
tercera opción para las políticas nacionales internacionales es eludir los
problemas que representa la ley comercial internacional. Los países
individuales pueden simplemente aceptar el espacio de acción modificada como
dado y enfocar su atención en problemas ambientales y medidas de protección
ambiental sin o con pocos efectos competitivos. Los bienes ambientales específicos
con frecuencia pueden ser protegidos por diferentes medidas.
En
un primer paso, el enfoque es en la
protección ambiental de bienes como tales, mientras que los efectos secundarios
no son tomados en consideración. El análisis aplica teorías de los bienes públicos
a la acción colectiva entre los países en el nivel internacional. De acuerdo a
la teoría de los bienes públicos, los bienes ambientales que tienen el carácter
de bienes privados desde la perspectiva de países son mejor protegidas a través
de políticas ambientales nacionales.
Para
otras categorías de bienes, la
acción colectiva internacional puede potencialmente conducir a mejores
resultados. Sin embargo, diferentes tipos de bienes no privados o colectivos
involucran diferentes tipos de problemas de acción colectiva. El éxito de la
acción colectiva con frecuencia depende de
la atractividad de los acuerdos comerciales internacionales para países
inicialmente no participando. Diferentes tipos de bienes pueden ser
jerarquizados de acuerdo a sus efectos centrípetos. Los bienes del club los más
fuertes efectos centrípetos, seguido de los bienes privados y los bienes públicos.
Los recursos comunales quedan al final de la lista. Los incentivos para las
acciones autónoma y colectiva son dados por la naturaleza de los bienes
ambientales. Un bien privado nacional requiere de acción doméstica autónoma
mientras que los bienes no privados requieren de acción colectiva
internacional.
La
efectividad de la flexibilidad, voluntariedad y no ligación es influida por sus
efectos centrípetos. Tales medidas parecen no corresponder a las políticas
ambientales que involucran efectos centrífugos más que centrípetos. Por lo
tanto no deben respaldarse si los problemas ambientales involucran bienes públicos
internacionales o recursos comunitarios, o si van de la mano con las desventajas
competitivas. Las medidas de flexibilidad, voluntariedad y no ligamiento,
son más apropiadas en el caso de club de bienes si son esperados los
efectos comerciales positivos.
Es
importante notar que el alcance o scope geográfico de los bienes ambientales
para ser protegidos y el
alcance scope geográfico de los efectos comerciales resultan de la
protección ambiental no necesariamente coinciden. De hecho, los dos son
independientes pero pueden normalmente ser divergentes. Se puede concluir que la
necesidad para la acción colectiva internacional no está solamente determinada por las fronteras geográficas
de los mercados y productos afectados por las medidas de protección ambiental.
Tomando
en cuenta los efectos comerciales de la protección ambiental, se previene la
aplicación del principio de subsidiariedad que se enfoca exclusivamente en la
naturaleza del bien ambiental. Si la protección ambiental afecta el comercio,
el alcance geográfico del problema
ambiental es doble: de una parte, coincide con el alcance geográfico de la
naturaleza de los recursos relacionados y en la otra parte, el alcance de los
mercados para los productos afectados es igualmente relevante. Si los bienes
comerciales n son afectados el alcance del problema ambiental es confinado al
alcance geográfico del bien ambiental.
Las
políticas ambientales crean ventajas
competitivas que enfrentan las barreras de la ley económica internacional, lo
que restringe las políticas con efectos proteccionistas. Una sociedad
sustentable requiere de una economía local sustentable, es decir de economías
diversas y de relaciones cooperativas internacionales. Bajo el principio de
subsidiariedad económica, las decisiones se toman a nivel local con la
participación comunitaria
Discusión
Existe
una gran divergencia entre las recomendaciones de la teoría económica
normativa y la realidad política positiva. En todo caso, el gobierno debe
incrementar su espacio de acción ambiental presentando investigación y
diseminando información que reduce la brecha entre las percepciones públicas y
la realidad con respecto a la competencia regulatoria en el campo del medio
ambiente.
Una
política de desarrollo sustentable debe partir de la realidad sociocultural de
las comunidades para la protección de sus recursos naturales y sociales
mediante un proceso de participación comunitaria en las decisiones
concernientes con la transformación económica, política, social y cultural de
las relaciones de producción, distribución y consumo tendientes a lograr una
mayor equidad y una mejor calidad. La
diversidad se expresa en el pluralismo ideológico, religioso y político. La
diversidad y la subsidiariedad económicas necesitan de regulaciones económicas,
sociales y ambientales. Las desregulaciones debilitan las normas económicas,
sociales y ambientales.
Frente
a esta sociedad del riesgo emergen los imperativos ecológicos, espirituales y
la creación y utilización del conocimiento en una “conciencia de especie”
que facilita el desarrollo de una visión integral y evolutiva de un nuevo
modelo societario mediante la formación de nueva percepción de espacio
(topoconciencia) y tiempo (cronoconciencia). Esta conciencia de especie
restablece el sentido de pertenencia e identificación del ser humano con su
ambiente natural y promueve cambios éticos, políticos y espirituales.
Se
deben hacer esfuerzos por el diseño de un nuevo sistema de gobernabilidad que
regule las formas en que los diferentes países compiten por los recursos
naturales escasos mediante estrategias de suficiencia generadas por un marco de
políticas. Para el cuidado de la integridad ecológica de la tierra y sus
recursos se requiere de una sociedad global con un amplio sentido de
responsabilidad universal y de comunidad de la vida que garanticen la formación
de una sociedad sustentable mas justa, participativa, democrática y pacifica,
que protejan los sistemas ecológicos y preserven los recursos naturales para la
satisfacción de las generaciones futuras.
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